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La agricultura española, el difícil equilibrio entre el mercado, el clima y el presupuesto de la PAC

por Alberto Marqueta Cavero Última modificación 03/12/2018 17:31
Los agricultores piden a la PAC -además de una dotación suficiente- medidas para superar las dificultades de un escenario con múltiples retos y desafíos. Los agricultores y ganaderos españoles piden a la Política Agraria Común (PAC) -además de una dotación suficiente- medidas de mercado eficaces que les ayuden a superar las dificultades de un escenario de precios volátiles, guerras comerciales, graves efectos del cambio climático y negociaciones de acuerdos y nuevas programaciones presupuestarias; un reto al que se enfrentan también con la ayuda de los seguros agrarios y las normas sobre equilibrio de la cadena. Las cooperativas agroalimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA coinciden en reclamar herramientas ágiles y eficientes para responder a las crisis de mercado cuyo origen es ya multifactorial: a la intrínseca naturaleza del sector se suman cuestiones tan dispares como la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), las guerras arancelarias internacionales, los eventos meteorológicos cada vez más graves e imprevisibles o la especulación con las materias primas. Según recordaba recientemente la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, la negociación de la futura PAC a partir de 2020 está “condicionada” por el brexit, el presupuesto, el calendario europeo y los objetivos de desarrollo sostenible, lo que afecta directamente a un sector comunitario que es el primer exportador de alimentos del mundo. Sector para el que España defiende que haya un presupuesto adecuado en una situación extremadamente compleja. Bruselas, por su parte, elabora una normativa para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entre otros efectos puede colaborar en la mejora de la renta de los agricultores y ganaderos al defenderlos de las prácticas comerciales desleales, y que los productores observan con esperanza y cautela, porque el equilibrio de poderes en la formación del precio es tarea que muchos consideran “esencial” en la nueva PAC. Un mercado volátil Asegura el director de Asuntos UE e Internacional de Cooperativas Agro-Alimentarias, Gabriel Trenzado, que “los actuales mecanismos no son lo suficientemente reactivos y sólidos para prevenir crisis” y que se deberían tomar “medidas de intervención y acuerdos de retirada de producto del mercado de manera concertada, bien a través de asociaciones de organizaciones de productores o de las interprofesionales. Lo que ocurre con la volatilidad es que, combinada con un sector productor atomizado y una cadena desequilibrada, provoca amplios períodos de precios bajos al productor. Con medidas de gestión de mercado y una mayor estructuración del sector productor será menos necesario acudir a la gestión de mercados”. Según recuerda el director de relaciones internacionales de Asaja, Ignacio López, “en las últimas reformas de la PAC se han ido desmantelando medidas de gestión publica y se ha demostrado que el propio mercado no es suficientemente eficaz para paliar los efectos de la enorme volatilidad. Ante esta realidad, la UE debe dotarse de herramientas ágiles y eficientes para responder a estas crisis; El mercado es una parte esencial de los ingresos de los agricultores, por lo que la PAC debe velar por facilitar una mayor orientación al mercado de nuestras producciones”. Desde COAG, su secretario general, Miguel Blanco, defiende que la “UE debe cambiar el rumbo de su política de desregulación de los mercados y liberalización comercial e instaurar mecanismos efectivos que estabilicen los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que cubran sus costes de producción” y cita la intervención y almacenamiento con umbrales de precios actualizados como instrumentos, además de reservas de emergencia o cláusula de medidas excepcionales, entre otras. Fuentes de UPA, coinciden en reclamar medidas “ágiles y efectivas”, en momentos de crisis, y analizar que las herramientas actuales “han dado señales de una clara ineficacia, y en algunos casos no han sido baratas. La Comisión Europea debe poner encima de la mesa medidas que actúen de manera inmediata cuando comiencen los problemas en un determinado sector, de esta modo serán más efectivas y la factura será menor”. Seguros agrarios: el ejemplo español El subsecretario del Mapama, Jaime Haddad, defendía hace apenas unos días que España tiene el sistema de seguros agrarios más desarrollado y con mayor nivel de cobertura de toda la UE. Un sistema con 43 líneas -27 de éstas destinadas a agricultores, 12 a ganaderos, 3 para acuicultura y una a propietarios forestales-, que en su último Plan ha triplicado el número de pólizas y bate récords de capital asegurado. Desde el sector se muestran convencidos de su utilidad, aunque piden mejoras y mayores ayudas para que los agricultores puedan afrontar las pólizas. En este sentido, Gabriel Trenzado apunta que pueden “mejorar en su financiación, en su extensión a todos los productos, en ser obligatorio para mejorar su fortaleza y aprovechar las economías de escala”. El presidente de Asaja, Pedro Barato, pide una “discriminación positiva” hacia las organizaciones agrarias -frente a las ventajas que el sistema presta a otros mediadores-, puesto que son éstas a las que acuden con frecuencia agricultores y ganaderos para asesorarse y solicitar ayuda, además de un mayor apoyo público a los seguros agrarios y que se adapte el sistema a la variable del cambio climático. Miguel Blanco reclama “un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro agrario para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la universalización del seguro” y plantea que “el futuro del modelo se debe basar en un principio clave como es la solidaridad entre unos sectores y otros y entre unos territorios y otros; la gestión de los riesgos debe de ser la piedra angular de la Política Agraria, y los seguros, una de las herramientas más importantes de esta gestión”. Para UPA, se necesita “un sistema de seguros agrarios que actúe como red de seguridad, no deje caer a los profesionales del campo y evite el cierre de explotaciones en estos tiempos en los que la situación meteorológica es cada vez más complicada. Para ello, es imprescindible que se dote una partida presupuestaria mayor”. Muchas tareas esenciales para una futura PAC que afronta, de nuevo, una negociación crucial. Pero de la que no sólo dependen las ayudas directas que recibirán los agricultores y ganaderos, sino de la que emanan políticas que afectan directamente a los mercados, a los eslabones de la cadena alimentaria y a los consumidores.
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